Absuelta la secretaria de Castropodame del delito de revelación de secretos que denunció una funcionaria municipal

La Audiencia Provincial de León ha absuelto a la secretaria del Ayuntamiento de Castropodame, Cristina González, de la acusación de haber revelado a través de una aplicación de mensajería instantánea el contenido de un documento registrado por una trabajadora municipal.

“Como consecuencia de dicha denuncia se me terminó acusando por la Fiscalía y la acusación particular, de forma infundada, de haber cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos, pidiéndoseme penas superiores a los cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público”.

Aquella denuncia pedía la imposición de penas que superaban “las mínimas previstas en el Código Penal para un delito de tráfico de drogas, un robo con violencia o intimidación, una agresión sexual o un delito de pornografía infantil”, ejemplifica la secretaria. “Todo ello sin pruebas”, prosigue, “causándome estupor que, tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular se sostuviera una acusación que siempre he entendido infundada”.

Cuestiona los testimonios

La sentencia cuestiona la credibilidad de la prueba testifical de la alcaldesa, Josefa Álvarez, por el conflicto que se remonta al año 2017  “a la vista de los continuos conflictos laborales existentes en el Ayuntamiento, así como de la situación que he vivido con continuos expedientes disciplinarios”.

Una sentencia que también recoge la declaración del secretario del SAM que “narró la situación de conflictividad existente entre la alcaldía de Castropodame y mi persona como secretaria municipal, y del resto del personal del Ayuntamiento frente a mí”.

La funcionaria remarca lo que recoge el documento judicial, que no consta acreditado que la foto o captura de pantalla del escrito presentado por la denunciante “hubiera estado nunca en mi teléfono, que ni siquiera ha quedado probada la hora en que supuestamente se habría efectuado el pantallazo aportado con la denuncia, que no se comprobaron los teléfonos de la denunciante o de la alcaldesa para comprobar la realidad de los hechos y que tampoco se llegó a peritar mi propio teléfono, a pesar de haberlo puesto a disposición del Juzgado, habiéndolo extraviado la Guardia Civil cuando se le entregó para hacer la correspondiente prueba pericial”.

Persecución por su trabajo

La secretaria considera que se trata de una situación de “persecución” por hacer el trabajo, que es “informar sobre la legalidad o ilegalidad de cuestiones de ámbito municipal de mi competencia, ejercer mis labores de interventora e informar cuando aprecio que algún pago pudiera ser indebido”. “En resumen”, concluye, “trabajar y cumplir con lo que la Ley me ordena como Secretaria Interventora”.

Advierte que estas prácticas no son un caso aislado sino que es “una muestra más de la situación vivida hoy en día por los secretarios-interventores de habilitación nacional dentro de la Administración Local”.

Habla de “represalias, ninguneo o aislamiento” en algunos casos, “por parte de los políticos a los que tienen que fiscalizar”. Situaciones que derivan en “mobbing o acoso en el ámbito laboral que acaban con bajas por toda clase de trastornos, o algunos acaban en situaciones en las que pueden ver el suicidio como la única salida”.