La alcaldesa de Castropodame incorpora a Coalición por El Bierzo en el gobierno municipal y mantiene a un edil del PSOE con causas judiciales

La alcaldesa de Castropodame, Josefa Álvarez, ha remodelado el equipo de gobierno municipal a raíz de la dimisión del que fuera concejal de Cultura, Rogelio Meléndez Tercero. En el nuevo ejecutivo local, dos notas destacadas tras la publicación de este jueves en BOP: la incorporación del edil de Coalición por El Bierzo, Luis Perales, que asumirá el área de Medio Ambiente, y la presencia del concejal Víctor Manuel Núñez, encausado judicialmente por presuntas amenazas y coacciones. 

Luis Perales (CB) forma parte, desde este momento, del equipo de gobierno municipal que ya tenía mayoría absoluta tras los resultados electorales del pasado mes de mayo. Asume el área de Medio Ambiente, que anteriormente estaba delegada en José Manuel Domínguez Arienza.

Una reestructuración municipal que tiene lugar tras la dimisión del concejal socialista Rogelio Meléndez Tercero, el que fuera concejal delegado de Cultura. Le sustituye en la Corporación así como en la concejalía de Cultura la edil socialista Esther Franco, que asume las responsabilidades de actividades culturales, fiestas locales y asociaciones.

El área de Hacienda, cuyas competencias tenía delegadas el concejal dimisionario, queda de la mano de José Manuel Domínguez Arienza, que también asume Relaciones Institucionales y actividades e instalaciones deportivas. 

Por su parte, José Manuel Rodríguez Vales se encarga de la concejalía de Obras y Urbanismo.

Pendiente de juicio

A pesar de la reorganización, la alcaldesa mantiene con responsabilidades de gobierno al concejal Víctor Manuel Núñez Tercero al frente de Asuntos Sociales. Eso sí, un área de menor responsabilidad desde el inicio de la legislatura a expensas del procedimiento, que está pendiente de señalamiento de fecha para la celebración del juicio.

El concejal está encausado en su condición de alcalde pedáneo de Turienzo Castañero, imputado por el órgano judicial que considera que existen indicios de delito por los que Fiscalía abrió el pasado mes de abril diligencias por presuntas coacciones y amenazas a los integrantes del Club de Cazadores San Tirso y San Pelayo. 

Actualmente, las partes están pendientes del señalamiento de juicio con la acusación por parte del Ministerio Fiscal a lo que cabe esperar una acusación privada derivada de los hechos que en su momento denunció el Coto de Caza.