El PP de Castropodame recurre de nuevo a la Junta para instar al alcalde a la convocatoria del pleno ordinario

El grupo popular municipal de Castropodame ha denunciado de nuevo ante la Junta de Castilla y León el proceder del alcalde de la localidad, Román Díaz, para que se le exija el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, “que dice que las sesiones ordinarias de los plenos se habrán de convocar por el alcalde y no podrá exceder el límite trimestral establecido para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes”.

Según el portavoz ‘popular’ en este ayuntamiento, Alfonso Pérez Núñez, “existe el acuerdo plenario de la celebración de sesiones ordinarias de los plenos el último miércoles de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, pero todavía seguimos esperando que se convoque el correspondiente al pasado mes de mayo”.

La oposición del PP lamenta la falta de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones tanto del propio alcalde como del equipo de gobierno municipal, “que consiente sus reiteradas actitudes antidemocráticas y dictatoriales desde el inicio de la legislatura tolerando que este se salte a la torera, entre otras cosas, la obligatoriedad de la convocatoria de los plenos ordinarios en las fechas establecidas por acuerdo plenario, así como el derecho de los concejales de la oposición a la participación en el debate de los puntos del orden día cuando se celebran los plenos”.

Pérez Núñez ha resaltado que “existen sentencias que recogen que la falta de convocatoria de un pleno ordinario ha de considerarse como una ilegalidad manifiesta que incide directamente en el núcleo de los derechos fundamentales y libertades públicas al impedir, por ejemplo, y según el derecho previsto en el Art. 23.2 de la Constitución, ejercer los cargos públicos representativos a los que se ha accedido”.

El PP de Castropodame recuerda que este asunto ya motivó que en el año 2016 el Grupo Popular se viese obligado a solicitar la intervención de la Junta de Castilla y León ante la negativa del alcalde a celebrar las sesiones ordinarias.