Ecologistas en Acción alega contra la reapertura del Coto Wagner por su proximidad a Onamio y Calamocos y por la desconfianza de Victorino Alonso

La organización Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto para la reapertura de la mina de hierro de Coto Wagner, entre los municipios de Molinaseca y Castropodame. El colectivo alude a “graves deficiencias” del proyecto que amenazaría a poblaciones como Onamio y Calamocos, pidiendo el rechazo total de la evaluación ambiental, el plan de restauración y la explotación. 

Advierten que la empresa Intauxma, que es heredera de Coto Minero Cantábrico (CMC), pretende explotar de forma subterránea la mina de hierro, situada en una zona “con antecedentes de riesgo de hundimiento por ser inestable tras la antigua actividad minera”. Ello, añaden, “pondría en peligro tanto a las personas como a los bienes materiales de las poblaciones más afectadas”. 

Concretamente apuntan a la proximidad de la planta de procesado con Calamocos (poco más de 500 metros de distancia), y aún más expuesto Onamio “al pasar la galería por debajo de la población”. Además, habría que tener en cuenta el poblado que daba servicio a los obreros de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), a escasos 200 metros de la mina.

Ponen de manifiesto denuncias de vecinos en 2009 lo que llevó a CMC y a la propia Junta a elaborar informes que advertían del “riesgo de hundimiento”, con una serie de oquedades a distintas profundidades que podrían extenderse, a pesar de haber cesado la actividad minera. Por estos motivos, las autoridades recomendaron vigilancias periódicas y nuevos estudios para evaluar el comportamiento del terreno.

Sin embargo, en el actual proyecto “ni se recogen esos informes ni se aportan datos sobre la estabilidad geotécnica y las consecuencias de esta actividad sobre las poblaciones afectadas”, denunciaron los ecologistas, que recordaron que “la minería de hierro es altamente contaminante por la liberación de metales pesados”, y más concretamente el arsénico, el cadmio, el plomo, el mercurio o el zinc.

También se refieren al “riesgo especialmente grave” de contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, con “afecciones irreversibles” con invasión del dominio público hidráulico, del arroyo de Paradasolana y del río Boeza.

En la misma línea consideran que se vería afectado el suelo por las sustancias químicas y el aire por emisión de gases, polvo de explotación y trasiego de maquinaria. Motivos que han llevado al colectivo Ecologistas en Acción a concluir que hay “errores de forma” y falta de personal cualificado en la redacción del proyecto que “no viene avalado por biólogos o licenciados en Ciencias Ambientales, no teniendo un ingeniero de Minas capacidad suficiente para redactar los documentos”.

En consecuencia, señalan que hay deficiencias, con omisión de información y pocas garantías que llevan a pensar que “no se debería dar luz verde”.

A ello habría que añadir la desconfianza respecto al “promotor real” que será, dicen, el empresario Victorino Alonso a cuyo grupo de empresas acusaron de llevar a cabo “restauraciones mineras muy deficientes”. Advirtieron de la existencia de certificaciones fraudulentas sobre restauraciones o ampliaciones sin permisos administrativos de minas en plena Red Natura 2000. Además de la “nefasta actuación” en la explotación del Feixolín, y la entrada en concurso de acreedores de la empresa hizo que finalmente la Junta tuviera que costear y acometer las obras de restauración.

Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción mostró su “desconfianza” en la figura de Alonso, sobre el que, recordaron, pesan varias condenas judiciales, la última por la destrucción del patrimonio cultural de la cueva de Chaves, en Huesca, con una condena de prisión y 25,4 millones de euros de indemnización.