La crisis económica y financiera actual está afectando a los ingresos de las administraciones públicas, especialmente grave es la situación de los entes locales. Esta coyuntura económica negativa cuestiona la propia supervivencia de los ayuntamientos más pequeños, provocando una intensa crisis institucional. Las haciendas locales vienen sufriendo desde hace tiempo la falta de financiación, agravada por la despoblación, la disminución de las actividades económicas privadas, la falta de apoyo del Estado y de la Comunidad Autónoma, etc.
Para comprender mejor la crisis institucional conviene analizar el proceso histórico de nuestros entes locales. Creemos que el protagonismo que esas administraciones tuvieron no es tal en la actualidad. Así pues, partiendo de la Edad Media, los concejos rurales servían a los intereses repobladores de la Corona y los señores. Se crearon pequeñas comunidades agrarias que se autoabastecían y que pagaban sus rentas señoriales. Por mor de este sistema feudal surgieron multitud de aldeas principalmente en las zonas montañosas. En la posterior Edad Moderna, ante la debilidad del Estado absolutista, los grandes señoríos se fortalecieron, y organizaron sus territorios bercianos en jurisdicciones, integradas por varios concejos limítrofes que conservaban cierta autonomía. En el siglo XIX las reformas liberales atacaron las estructuras del Antiguo Régimen. La supresión de los señoríos fue acompañada de la creación de ayuntamientos y diputaciones controlados por el Gobierno central. Tras mucho insistir se consiguió un reconocimiento administrativo para los viejos concejos, a través de las pedanías y sus juntas vecinales. Los nuevos municipios se formaron de manera artificial, por ejemplo según el criterio de mínima población, y en base a la desmembración de las jurisdicciones señoriales. En la segunda mitad del siglo XX el avance del sistema capitalista ha fomentado la urbanización de la sociedad española, mientras que las comunidades rurales sufrían sus consecuencias adversas (emigración, envejecimiento, crisis agrarias, falta de comunicaciones…). Este proceso de crisis de las poblaciones rurales continúa y progresivamente se agudiza.
Entendemos que la solución parcial de estos problemas está en la constitución de una institución territorial intermedia y en la reducción del número de municipios bercianos. En el primer caso, se trata de consolidar la llamada Comarca de El Bierzo como ente prestador de servicios públicos complementarios de los municipios. Precisamos de un ente territorial supralocal, entre los municipios rurales y la Comunidad Autónoma. Visto lo visto, la Provincia leonesa y su Diputación han tenido mucho tiempo para demostrar su razón de ser, desde su creación en 1833, pero coincidiremos casi todos en que su valoración general debe ser negativa. Hay que insistir en la existencia de un interés supramunicipal que debe ser desempeñado por el Consejo General de El Bierzo, por razones de eficacia y eficiencia, en materias como extinción de incendios, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, tratamiento de aguas residuales, protección civil, ordenación urbanística, transporte público, promoción turística, etc. Aquí no se trata de quitar competencias a los ayuntamientos sino de conseguir una mejor prestación de los servicios públicos mediante la cooperación entre los entes locales bercianos. Esperemos que la futura reforma de la Ley de la Comarca de El Bierzo sirva para consolidar la capacidad gestora de los intereses supramunicipales frente a los intereses más locales, provinciales y autonómicos.
Por lo que se refiere a la necesaria reforma del mapa municipal de la región de El Bierzo comentamos que caben dos propuestas en una, la que podemos llamar moderada y otra más avanzada. La primera se basa en la unión de municipios rurales limítrofes por afinidades geográficas, sociales e históricas. En la segunda opción prima la dependencia funcional de centros urbanos subcomarcales ya consolidados, creando municipios de mayor territorio y población que en el primer caso. Los datos de población de los municipios actuales que manejamos son los correspondientes al Padrón municipal a 1 de enero del año 2009. Bien sabemos todos que las cifras de población son relativas pues siempre hay censados que viven fuera e inmigrantes no empadronados. Además pensamos que resulta de interés social no dar el nombre de municipios existentes a las nuevas unidades territoriales para evitar conflictividad interna adicional, de esta forma recurrimos a denominaciones geográficas e históricas.
RELACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES DE EL BIERZO.
Unidad territorial Aguiar-Selmo, formada por los actuales municipios de Sobrado, Oencia y Corullón con 1939 habitantes. Si unimos también Toral de los Vados tendremos en total 3135 habitantes.
La unidad territorial de Valcarce está integrada por los municipios de Valboa, A Veiga de Valcarce, Barxas y Trabadelo, con una población de 1841 habitantes. Con la unión de Villafranca el total se elevaría a los 5322 habitantes.
La unidad territorial de Ancares la forman Peranzanes, Candín, Vega de Espinareda, con 3113 habitantes, pero si añadimos Fabero y Berlanga, el total se eleva a 8825 habitantes.
La unidad territorial de Ribas del Sil la integran los municipios de Palacios y Páramo del Sil, con 2752 habitantes. La vinculación histórica y económica de estos municipios con su centro comarcal de Villablino es una realidad, por eso la posible unidad territorial de Laciana la compondrían 13416 habitantes.
La unidad territorial de La Cabrera Baja estaría formada por Puente Domingo Flórez y Benuza, con 1384 habitantes. Resulta un error no pretender la unión de los cuatro municipios actuales de La Cabrera, con Castrillo y Encinedo, para lograr así los 2343 habitantes.
La unidad territorial de Cornatel-Cornatelo la integran Borrenes, Carucedo y Priaranza, de 1934 habitantes. A pesar de la unión propuesta este territorio seguiría muy aislado por población y geografía. La utópica unión con el vecino municipio de Carracedelo (3712 hab.) exigiría una fuerte inversión pública para facilitar las infraestructuras comunes.
La unidad territorial de Castropodame y Congosto tendría 3564 habitantes. Muy problemática sería la unión con Molinaseca, de 794 hab., por los problemas geográficos y de comunicaciones, y su mayor vinculación con Ponferrada.
La unidad territorial Boeza la integran Igueña, Noceda y Folgoso, con 3338 habitantes. Cuestionable sería la unión con el municipio de Torre, de 2583 hab., por formar parte de otro valle, con claros condicionantes geográficos y de comunicaciones. Además está la posibilidad de unión con Bembibre, con sus 10071 habitantes.
Unidad territorial de Arganza, Sancedo y Cabañas Raras, con 1814 habitantes. Se debería valorar su unión a los municipios vecinos de Cacabelos, de 5534 habitantes o Camponaraya, de 4246 habitantes.
Los municipios vecinos de Cubillos del Sil y Toreno podrían formar una unidad territorial de 5465 habitantes.
Como hemos visto, hay que solventar grandes dificultades al hacer la propuesta de unión de municipios en la región berciana. En principio las uniones municipales son más necesarias en los pequeños ayuntamientos que en los grandes, casos de Cacabelos, Carracedelo, Camponaraya, Villafranca, Bembibre, Fabero, Toreno y Ponferrada. Pero es un error pensar que estos últimos podrán solventar la crisis institucional actual de manera individualizada. Hace falta visión política local conjunta y de futuro.
Ponferrada, con sus 68736 habitantes, es un caso aparte por las grandes diferencias demográficas y territoriales que ocasiona al resto. Las diversas políticas de su ayuntamiento, en materias de urbanismo, medio ambiente, comunicaciones, promoción industrial… pueden afectar, en un primer nivel a sus barrios, en un segundo nivel a su alfoz (Cubillos, Cabañas Raras, Camponaraya y Carracedelo), y en un tercer nivel a su área funcional de la región berciana, incluso a las comarcas vecinas (La Cabrera, Valdeorras, Laciana…). Así pues, convendría que la ciudad de Ponferrada tuviera más en cuenta los intereses generales de la región, en el seno del Consejo General de El Bierzo, a la hora de ejecutar sus políticas municipales futuras.
Para rematar insistimos en que las iniciativas para las uniones municipales deben partir de esta región. También hay que contar con suficiente financiación pública exterior (de la Junta de Castilla y León y el Gobierno central) para que resulten atractivas a los ayuntamientos afectados. Los programas europeos (Proder, Leader, Miner…), estatales y autonómicos de desarrollo local deberían estar orientados también a facilitar esas uniones municipales, mediante la ejecución de políticas territoriales adecuadas (infraestructuras, acceso a las tecnologías, medio ambiente, etc). En este sentido el Consejo General de El Bierzo debería contribuir a una mejor organización territorial fomentando los estudios, planes y proyectos de uniones municipales.
