Ante la aprobación del gobierno del PP de la derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo para volver a una despenalización parcial en supuestos aún más restrictivos que los existentes en la regulación de 1985, acciónenred, quiere manifestar su total desacuerdo con dicha medida que supone un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos y supondrá un terrible problema para aquellas mujeres que carecen de recursos informativos o económicos que no podrán viajar al extranjero para abortar y para las jóvenes entre 16-18 años con conflictos familiares, aumentando el riesgo de acceso a prácticas inseguras para abortar.
Para empezar, según fuentes oficiales, el porcentaje de jóvenes que abortan entre 16 y 18 años no llega ni al 5% del total de los casos. La gran mayoría acude acompañada por sus padres.
Dos han sido los principales argumentos para defender que una menor de 18 pueda decidir sobre su embarazo: si pueden mantener relaciones sexuales o ser madres sin pedir permiso a nadie, también deberían poder decidir sobre sus consecuencias. Y si tienen capacidad legal para aceptar, o no, someterse a intervenciones quirúrgicas de gran envergadura, ¿por qué no hacerlo ante un aborto que no deja de ser un acto sanitario de bajo o medio riesgo?
Pero esos dos argumentos, siendo ciertos, hay que añadir razones relacionadas con la justicia social, con la ayuda al más necesitado, con la obligación que la sociedad tiene de prevenir riesgos para la salud y con la autonomía que todo ser humano merece.
Por edad y por circunstancias sociales algunas de esas menores son extremadamente vulnerables. Se sienten incapaces de ser madres pero pueden llegar a serlo sólo por no disponer de una firma. Si no es justo obligar a una mujer a proseguir con un embarazo contra su voluntad, menos lo es obligar a las más jóvenes.
Para un número, afortunadamente pequeño, de jóvenes de 16 y 17 años buscar o conseguir el permiso paterno o materno para abortar es una auténtica odisea, ya que los motivos alegados en la práctica son: Sufrir abusos y riesgos de sufrir malos tratos, abandono familiar, progenitores en prisión, mujeres emancipadas con padres fuera del país, enfermedad de los padres invalidante o con patología psíquica incapacitante, rechazo absoluto de los padres por motivos religiosos o ideológicos,…
Tampoco hay que olvidar que con la reforma educativa de José Ignacio Wert se ha barrido la educación afectivo-sexual del programa, que tímidamente se había introducido en los últimos años y desde acciónenred pensamos que el número de abortos depende de la extensión y calidad de la educación sexual y de la facilidad de acceso a los métodos anticonceptivos y no de la forma en que este se regule.
Es esencial garantizar que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no ser madres, y en qué momento de su vida. También cuando se trata de menores entre 16 y 18 años. Recordamos que aún en la actualidad, el cuidado de hijos e hijas no es una tarea suficientemente compartida, que las ayudas existentes son mínimas y en retroceso.
